Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri
Introducción
El principio de separación de poderes constituye uno de los
pilares esenciales del Estado constitucional democrático, al
garantizar el equilibrio institucional, la autonomía funcional
y el control recíproco entre los órganos del poder público.
En el contexto peruano, la Constitución Política de 1993
reconoce este principio como base de la organización
estatal, atribuyendo funciones específicas al Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No obstante, en los
últimos años se ha intensificado el debate jurídico y político
en torno al ejercicio de las funciones congresales,
particularmente en relación con el alcance de la fiscalización
parlamentaria y su compatibilidad con el respeto a la
independencia de los demás poderes del Estado.
La problemática surge cuando el ejercicio de las
atribuciones constitucionales del Congreso de la República,
especialmente las vinculadas al control político y la
fiscalización, excede los límites razonables del sistema de
pesos y contrapesos. Esta situación plantea interrogantes
sobre la correcta delimitación del poder parlamentario y
sobre la forma en que dichas funciones deben ejercerse para
evitar interferencias indebidas en la actuación del Poder
Ejecutivo y del Poder Judicial. En consecuencia, se
evidencia la necesidad de analizar si el accionar congresal
se mantiene dentro del marco constitucional o si, por el
contrario, afecta el principio de separación de poderes.
En el Perú, entre los años 2018 y 2024, se han registrado
múltiples episodios de confrontación entre el Congreso y los
otros poderes del Estado, caracterizados por un uso
intensivo de mecanismos de control político,
interpelaciones, censuras ministeriales e iniciativas
legislativas orientadas a intervenir en la administración de
justicia. Destacan, entre otros hechos, los intentos
parlamentarios de revisar decisiones judiciales, investigar a
jueces y fiscales, y promover la eliminación o
debilitamiento de instituciones autónomas como la Junta
Nacional de Justicia. Estas prácticas han sido cuestionadas
por diversos sectores académicos e institucionales, al
considerarse una amenaza directa a la independencia
judicial y a la estabilidad democrática.
En el ámbito internacional, diversos estudios han
evidenciado tensiones estructurales entre los poderes del
Estado en sistemas presidenciales. Rodríguez (2021), al
analizar la participación del Congreso en la formulación de
políticas públicas en México, sostiene que la función
legislativa puede incidir significativamente en la orientación
gubernamental, siempre que se respete el marco
constitucional. Sin embargo, advierte que una intervención
excesiva del Legislativo puede desnaturalizar el equilibrio
institucional, especialmente cuando se utiliza el control
parlamentario como herramienta de presión política más que
como mecanismo de rendición de cuentas.
De manera similar, Hebling y Contrera (2019) examinan el
uso del veto presidencial y las tensiones entre Ejecutivo y
Legislativo en Brasil y Estados Unidos, concluyendo que el
conflicto entre poderes es inherente a los sistemas
democráticos, pero se torna problemático cuando uno de
ellos concentra facultades que limitan el funcionamiento del
otro. En América Latina, casos como Ecuador, Venezuela y
Honduras evidencian que la interferencia legislativa en la
justicia y en la gobernanza ejecutiva ha generado crisis
políticas prolongadas y debilitamiento institucional (Dahik
et al., 2018; Becerra, 2023).
En el contexto peruano, Trujillo (2023) analizó los
conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo,
concluyendo que existe una percepción generalizada de
confrontación permanente entre ambos poderes, lo que
afecta la gobernabilidad democrática. El estudio evidencia
que la ausencia de consensos políticos y el uso reiterado de
mecanismos de control han contribuido a un clima de
inestabilidad institucional, debilitando la confianza
ciudadana en el sistema político.
Asimismo, Melgar (2019) sostiene que la falta de mayorías
parlamentarias y de pactos de gobernabilidad ha sido un
factor determinante en las crisis políticas que han afectado a
diversos gobiernos en el Perú. Según el autor, cuando el
Legislativo adopta una posición predominantemente
obstructiva, se limita la capacidad del Ejecutivo para
implementar políticas públicas, lo que incrementa el riesgo
de rupturas institucionales y afecta el principio de
separación de poderes.
La presente investigación se justifica teóricamente porque
contribuye al análisis crítico del principio de separación de
poderes desde el Derecho Constitucional y Parlamentario,
abordando un problema actual y de alta relevancia
democrática. En el plano práctico, los resultados permitirán
identificar criterios para un ejercicio equilibrado de las
funciones congresales, aportando insumos para el diseño de
reformas institucionales orientadas a fortalecer la autonomía
de los poderes del Estado. Metodológicamente, el estudio
ofrece un enfoque replicable para futuras investigaciones
sobre control político y gobernanza democrática.
El objetivo general de la investigación es determinar la
relación existente entre el ejercicio de las funciones
congresales y el respeto al principio de separación de
poderes establecido en la Constitución Política del Perú. De
manera específica, se busca analizar las consecuencias del
uso indebido del control político sobre el Poder Ejecutivo,
evaluar el impacto de una eventual reforma constitucional
que establezca incompatibilidades funcionales para los